Es fundamental comprender que la Educación es un bien público y un derecho social que tiene como propósito el desarrollo y bienestar de las personas. En esta nueva constitución debe garantizarse el acceso igualitario a la educación sin discriminaciones, para todos los habitantes, además, debe ser una educación laica, inclusiva, gratuita, universal, no sexista y, debe ser entendida -principalmente- como vehículo de las transformaciones sociales y motor garante de la configuración de sociedad que pactaremos en este proceso. Así también, un elemento que ha de incorporarse es la expansión de la educación y entenderla como un proceso de toda la vida, más allá de la educación institucionalizada.