Saltar al contenido.

Soberanía alimentaria: un camino para la justicia social del territorio

Por Marianela Molina Mansilla, candidata a diputada por la región de Aysén, y Carolina Velásquez Vega, candidata a consejera regional por la provincia de Aysén / Columna Publicada en DiarioDivisadero

Hoy se conmemora un nuevo 18 de octubre. Hace dos años en que Chile despertó y tomó conciencia colectivamente de la enorme desigualdad histórica. Cuestionamos el camino que hemos recorrido, y nos atrevimos a pensar en que el camino para una Nueva Constitución se abría, una nueva oportunidad de incluir nuestras voces, como sujetos de derecho y cómo deseamos nuestro Estado. Con la pandemia, quedó al descubierto una vulnerabilidad e indefensión en nuestros derechos sociales aún mayor. Y, dada la necesidad, muchas familias volvieron a cultivar alimentos, sembrando sus verduras y hortalizas, aprovechando cada espacio de sus patios, como lo hacían nuestras madres y abuelas. 

Volvíamos, impulsados por lo macabro, a nuestras raíces, a ese tiempo del trueque y de lo esencial, y la tecnología nos sirvió como plataforma para el intercambio. Lo valorable de esto es que nuestras semillas son libres de agrotóxicos para crecer y han pasado de cuidadoras a cuidadoras. Sin embargo, nuestras semillas podrían ser patentadas por empresas que reclamarán su propiedad, lo que podría ser factible si el presidente Piñera le pone urgencia al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP11 el que, en uno de sus artículos establece que si se ratifica, Chile debe implementar el convenio de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que protege los derechos de propiedad intelectual de los obtentores de nuevas variedades. Es decir, las empresas transnacionales podrían ampliar sin control las semillas para patentar, lo que se traduciría en una limitación al acceso a éstas. 

Nuestras semillas antiguas y criollas son resistentes al cambio climático, se adaptan a diferentes suelos, sequías y plagas, y son elementales para nuestra soberanía alimentaria, un término que probablemente hayamos comenzado a hace poco tiempo, pero el concepto fue planteado en la Cumbre Mundial de la Alimentación, en 1996, y ha evidenciado un movimiento social que se levanta desde la necesidad de trabajar para construir sistemas alimentarios saludables y justos, como un derecho constitutivo de los pueblos, que concatene producción, distribución y comercio de los alimentos, el uso de la tierra y sus recursos, y que seamos capaces de definir nuestra política agraria y alimentaria, que involucra a los campesinos y las campesinas, pequeños y medianos agricultores, pueblos indígenas, trabajadores migrantes, trabajadores agrícolas, pastores, pescadores. Sí, el mar también debe ser visto desde el lente de la soberanía alimentaria y abandonar la lógica extractivista en Aysén. 

La soberanía alimentaria es un llamado a la acción, debemos construir autonomía desde todos los espacios, para decidir cómo queremos vivir y alimentarnos. Traerá consigo principios de solidaridad, justicia ambiental, ordenamiento territorial, acceso a recursos, recuperación del agua y protección de un patrimonio biocultural que hemos heredado y el cual es fundamental si pensamos en un contexto de adaptación a la crisis climática, con ello es que debemos construir política desde y para la región de Aysén.