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El bien común, tarea de todos 

Luego del anuncio de la acusación constitucional al Presidente Sebastián Piñera, por el caso “Pandora Papers”, donde ponen en evidencia los posibles antecedentes de cohecho, evasión de impuestos en paraísos fiscales a costa de la depredación ambiental en uno de los santuarios de la naturaleza más importantes del país, como Revolución Democrática Aysén, manifestamos nuestra adhesión a esta acusación constitucional, que nos mantiene en las portadas de la prensa internacional.

“Nuestro  candidato Presidencial de la coalición “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric ha mencionado en varias oportunidades que: «Piñera pone por delante su interés y ambición personal por sobre el bien del país y los ecosistemas”, señaló Felipe Rojas,  Presidente RD Aysén.

ParaQueChileSíCambie

Uno de los capítulos más complejos político- sociales de la última década, es el 18 de octubre de 2019, donde quedó manifestada en la calle con grandes marchas en todo nuestro territorio el descontento con las malas prácticas institucionales y la desconexión de la casta política con los chilenos y chilenas. Para el candidato a Diputado por el Distrito 27, Julio Ñanco, la situación es grave y comenta que “Nuestro país está en un proceso de recuperación de la confianza de las instituciones, donde la  democracia se fortalece en la medida que los ciudadanos sientan suyas las instituciones. Pero lo ocurrido con el Presidente nos genera nuevamente un problema entre lo privado y lo público. Aún cuando se estableció un fideicomiso ciego, hoy nos enteramos de esta grave situación y lo grave es que los proyectos que estaban en medio de estas negociaciones, se relacionan directamente con su rol de Presidente aprobando proyectos de inversión en una zona medioambiental que debería ser protegida”, 

Rodrigo Araya, médico y actual Consejero Regional de la Provincia de Coyhaique de Revolución Democrática, manifestó que “Hay dos grandes problemas: uno la inmoralidad que significa que el Presidente de Chile no vele por los intereses de los ciudadanos. Lo segundo, es que el método que utilizan las grandes empresas para evadir impuestos en el territorio usando los  paraísos fiscales, nos afecta directamente a todos los chilenos. Práctica que nos deja sin los recursos, negándose a aportar al desarrollo del país, visión egoísta que nos sobrecoge. Esto repercute también en las regiones, porque en nuestro sector las empresas salmoneras también están relacionadas con los conglomerados que utilizan estas prácticas. Por eso, debemos poner un freno a estos procesos con un parlamento que tenga una real mirada de Bien Común”.

La Ingeniera en Conservación en Recursos Naturales y candidata a CORE por la Provincia de Aysén Carolina Velásquez señala que esto “afecta la institucionalidad del país, quedando demostrado que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental es de alta vulnerabilidad, porque no es un servicio que esté hecho para rechazar proyectos, sino que su marco institucional permite que negocios queden amarrados que un Presidente determine o no un área Protegida como es zona del Archipiélago de Humboldt, donde conviven cientos de especies únicas, en pro del megaproyecto minero y portuario Dominga. Es un daño irreparable a la confianza en las instituciones y en la forma en que se toman las decisiones”.

A días de otro 18 de octubre, es necesario preguntar ¿Cuánto poder delegamos a un Presidente de la República, dejando a una firma la declaración de área protegida  o no? 

Necesitamos una respuesta urgente para el bien común de todos.